El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha recuperado casi $200,000 en salarios no pagados y daños para docenas de empleados de una pizzería de Freeport, Long Island, después de que los investigadores determinaron que el restaurante no pagó y protegió adecuadamente a sus trabajadores.
El Departamento de Trabajo descubrió que Antonia'sPizzeria no pagó adecuadamente a 36 trabajadores sus salarios, falsificó tarjetas de tiempo para evitar pagar horas extras y permitió que los menores trabajaran largas horas en exceso de los límites legales. La investigación también encontró que un empleado menor de edad limpió una cortadora de carne peligrosa. El departamento también resolvió litigios relacionados con represalias con Antonia's Inc. basados en acusaciones de que la gerencia del restaurante intentó disuadir a los empleados de proporcionar al departamento información veraz solicitada por los investigadores del Departamento de Trabajo.
"Nuestra investigación encontró que Antonia negó adocenas de trabajadores sus salarios completos, falsificó tarjetas de tiempo y violó las leyes federales que protegen el bienestar y la seguridad de los trabajadores jóvenes", dijo un representante del Departamento de Trabajo en un comunicado. "El resultado de esta investigación muestra que los empleadores pueden enfrentar consecuencias costosas cuando no cumplen con las leyes de protección de los trabajadores".
Después de su investigación, el Departamento de Trabajo recuperó $184,940, lo que representa $92,470 en salarios no pagados y una cantidad igual en daños liquidados, para los trabajadores afectados. El departamento evaluó a Antonia's con $29,052 en multas civiles por sus violaciones intencionales de las disposiciones de salario mínimo y horas extras de la Ley de Normas Laborales Justas, y con $6,088 en multas por las violaciones de trabajo infantil.
Además, los investigadores escucharon reclamos de que los empleadores presionaron a los trabajadores para que no hablaran con los investigadores, entrenaron a los trabajadores en sus declaraciones y ofrecieron dinero a los trabajadores para que hicieran declaraciones que harían creer a los investigadores que Antonia había cumplido con la ley. Como resultado, el departamento obtuvo una orden judicial preliminar de consentimiento en un tribunal federal para detener la represalia y un fallo de consentimiento. La sentencia requería que Antonia's pagara a los empleados $16,000 en daños punitivos, prohibió al empleador participar en cualquier represalia por el cumplimiento de las leyes laborales por parte de los empleados y requirió que Antonia's proporcionara capacitación a todos los gerentes sobre las disposiciones de la Ley de Normas Laborales Justas con respecto a propinas, salarios mínimos, compensación de horas extras, mantenimiento de registros, trabajo infantil y represalias.
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